Sistema publico de reparto pensiones

El sistema público de pensiones español es de reparto político. Se les extrae una parte sustancial de la renta a los trabajadores actuales de forma que políticamente será redistribuida a los jubilados actuales creando un fuerte incentivo a mantener políticas de compra de votos. El sistema de pensiones actual es una estafa piramidal institucionalizada.

El trabajador, en base a sus aportaciones, devenga un derecho de cobro futuro condicionado a su supervivencia y en función de la situación y cantidad aportada (no cobra lo que ha pagado ni de forma directa ni de forma indirecta).

El sistema, pues, depende totalmente del número de trabajadores y de los salarios medios de los mismos (pues el importe de las cotizaciones deviene de ellos) y del número de jubilados y su pensión media. La fórmula es sencilla pues el número de trabajadores por la cotización tiene que igualar al número de jubilados por su pensión media.

De lo anterior subyace el irresoluble problema. Conociendo la realidad demográfica actual, con un crecimiento vegetativo de la población negativo, sabiendo que el baby boom de los 60 esta próximo a la jubilación, el aumento de la esperanza de vida y, sabiendo que desde antes de la democracia cada nueva generación se componía de un 30% menos de personas, el problema del sostenimiento del sistema público de pensiones está asegurado, solo cabe preguntarse por el momento de su quiebra.

También podemos constatar que el sistema público de pensiones vive en continua quiebra y, por ese motivo, ha sido reformado constantemente. Así, la variación en el número de años requeridos de cotización ha ido in crescendo, así como el número de años tomados como base para establecer la pensión (sabiendo que el salario crece conforme a la vida laboral es un método para reducir pensiones) se ha traducido en una rebaja tanto de la pensión máxima como de la pensión media. En la actualidad, el déficit de la seguridad social ha absorbido todo margen habido en el fondo de las pensiones y ha llevado a que se apruebe el pago de pensiones con cargo a otros impuestos.

Además, el sistema de pensiones español genera tensiones internas irresolubles por cuanto el beneficiario neto de la pensión no soporta su coste y, además, los trabajadores actuales que lo soportan desconocen a ciencia cierta sus rendimientos futuros (es decir la cuantía de sus derechos de cobro). Así, los jubilados siempre aspiran a mayor pensión y los trabajadores a menores cargas fiscales, relaciones que, en último término, los políticos tomarán en cuenta para maximizar sus votos en elecciones.

En contra de este modelo de pensiones tendríamos un modelo de pensiones puramente liberal.

La primera ventaja sobre el actual es la total disponibilidad del trabajador acerca de su salario pudiendo decidir cuándo realizar aportaciones a su fondo de pensiones e incluso disponer anticipadamente del fondo o legarlo a sus herederos. Aunque puede parecer trivial, en el fondo, la capacidad de disponer de tu ahorro incide en que no se produzca pérdida patrimonial familiar.

Un trabajador modal en España (el salario más frecuente) cobra en torno a 15.000 euros al año, lo que equivale a un pago de 4.500 euros a la seguridad social anualmente.

Tomando únicamente esa cifra como aportación a un sistema de capitalización (teniendo en cuenta que esa aportación no incide negativamente en la capacidad de compra actual del trabajador) y anotando que el interés mínimo del mercado para periodos de 30 años durante los últimos 130 años es del 3,5% anual (una vez deducida la inflación y anotando que para esa misma cantidad de años el interés del mercado medio anual es del 7%) significará que ese trabajador, pasados 35 años de trabajo (y sin considerar que aumentaría sus aportaciones conforme aumente su sueldo de conformidad a su vida laboral) tendría un patrimonio fruto de ese ahorro de 300.000 euros. Este montante significa que ese trabajador dispondrá de una renta perpetua de 10.500 euros o, lo que sería lo mismo (pensando en que la perpetuidad para la vida carece de sentido) podrá disponer de una renta igual a la renta como trabajador, es decir, de 15.000 euros, durante 33 años siempre que no realice más movimiento con ese patrimonio obtenido. ¡¡¡¡33 años con la misma pensión que su salario!!!!!!. Si consideramos que el patrimonio una vez llegada la jubilación no es retirado y sigue rentando intereses obtendríamos 15.000 euros durante 62 años o, por dar algo de realidad al asunto, 20.000 euros durante 25 años.

Hay que tener en cuenta que una persona que tenga el sueldo mínimo e incluso el sueldo modal, por comparación al salario mínimo en España, puede tratarse de una persona con un nivel formativo menor y que se incorpora precozmente al mercado laboral. Podríamos establecer, siendo poco conservadores para con nuestros propios cálculos, que acceden al mercado laboral con 23 años. Si pensamos en una jubilación a los sesenta y cinco años tenemos que el número de años cotizando será de 42 años por lo que, repitiendo el mismo cálculo anterior tendríamos que esa persona habría acumulado un patrimonio de 416.000 euros lo que resultaría en una renta perpetua de 14.600 euros o, lo que es lo mismo, y estableciendo la comparación anterior, tener una jubilación de la misma cuantía al salario percibido durante 82 años (si no se reinvierte el capital final). Si tenemos en cuenta que el capital sigue rindiendo intereses tenemos una renta de 25.000 euros durante 32 años, 10.000 euros mas de los que percibía como asalariado.

En realidad, el hecho de que pensemos en salarios inferiores tiene, en último término, la misma consecuencia. Por ejemplo con el sueldo mínimo, 9080 euros, se realizaría una aportación de 2700 euros durante los mismos 42 años resultando que el patrimonio acumulado en su jubilación será de 250.000 euros lo que conllevará al cobro de 12.000 euros al año de pensión (un 33% mas de lo que cobraba trabajando) durante 36 años. Si consideramos, otra vez, que el capital final sigue rindiendo intereses obtenemos que podría percibir un salario de 15.000 euros durante 32 años de jubilación.

Además, a los cálculos realizados podemos incorporarle cierta dosis de realidad fundamentada en el sistema de pensiones chileno y viendo los rendimientos obtenidos por dicho sistema:

Sistema Pensiones Chile Rentabilidad

Así que si realizamos el calculo del trabajador modal cotizando durante 35 años en el fondo de tipo C resultaría un montante final de (cogiendo un interés del 8%) 775.000 euros lo que haría que, para tener una renta constante anual para solo cuarenta años la renta ascendiese a 60.000 euros anuales suponiendo que el capital final (no dispuesto) se reinvirtiese a la misma tasa.

También podemos considerar el mismo caso anterior para una persona aversa al riesgo que obtendría, así, un 5% de interés con un montante final de 405.000 euros y una renta de jubilación de algo menos de 32.000 euros (durante 40 años).

El hecho distintivo de estos dos sistemas es otro. En primer lugar, es que el beneficiario es el que ha soportado los costes y tiene incentivos al buen comportamiento financiero. Además, se resuelven las tensiones internas por no representar cargas sobre terceros.

La autonomía del trabajador a la hora de realizar sus aportaciones. Capacidad total de disposición de su patrimonio que podría resolver momentos de paro o aprovechar oportunidades que detecte en el mercado. El capital conformado puede ser transferido con la defunción, es decir, las menores rentas disfrutadas por una unidad familiar no se evaporan con la muerte de los progenitores.

Tenemos también otra incidencia positiva para la economía que normalmente suele pasarse por alto. Los patrimonios conformados de esta forma obtienen su rentabilidad de su participación en proyectos de inversión privados. De esta forma inversión y ahorro privado vuelven a conformar un circulo virtuoso. El mayor stock de capital disponible incidirá directamente en la productividad del trabajo lo que incidirá en mayores rentas del capital y del trabajo lo que incidirá en mayor patrimonio para la jubiliación. El trabajador se beneficiará de la buena marcha de la economía ya que de ella obtendrá rentas del capital y las empresas se beneficiarán de la posibilidad de acometer inversiones por tener mayor capacidad de acceso al crédito. Además el trabajador verá duplicadas sus fuentes de renta.

El problema que normalmente se le achaca a este sistema es la existencia de personas que, o bien porque no quieran o bien porque no puedan (realmente ya hemos establecido que todo trabajador actual, independientemente de su salario sería capaz de afrontarlo), no atiendan a sus necesidades futuras y no creen un fondo para su sustento durante su vejez engrosando así la lista de personas con una capacidad de agencia mermada, que podríamos asimilar a las pensiones no contributivas.

En primer lugar, para este tipo de casos deberá responder su patrimonio, en segundo lugar, sus familiares (en el código civil ya se establece que sin perjuicio propio se tiene el deber de sustento de los allegados), en tercero entidades privadas filantrópicas y, por último, el estado. Es importante considerar que la realidad del estado debe ser de actuar de forma subsidiaria y no primaria.

En mi opinión, estos casos serán altamente improbables. La primera razón consiste en que aceptando este sistema no se produce pérdida sino ganancia con respecto al anterior a largo plazo y a corto plazo no se encuentran diferencias. La segunda razón es el incentivo que supondría la contratación precoz de estos planes de pensiones (pues una entidad que dispusiera de nuestro patrimonio con ese fin preferirá tenerlo cuanto más tiempo mejor).

A pesar de esa creencia y de mi rechazo por la coacción estatal no elimino totalmente la posibilidad de que el estado obligue a la contratación de un plan de pensiones básico como obliga a la tenencia de un seguro básico para el coche. La razón que puedo esgrimir de por qué no lo rechazo tajantemente es porque evitaría que en último término se cargase sobre terceros su sustento durante la vejez.

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