Previo al proceso de planificación de la auditoría debe haberse aceptado la carta de encargo, contrato de auditoría, por acuerdo del auditor y de la empresa cliente.

La carta de encargo viene regulada por la NIA 210. En ella se establecen las condiciones bajo las cuales se realizará la auditoría y debe contener el objetivo del trabajo, limitaciones al alcance derivadas de las circunstancias del contrato (por ejemplo imposibilidad de realización de inventario físico) así como sus consecuencias en el informe, el compromiso de información y la responsabilidad de las partes y detalles como los honorarios y el periodo de contratación.

Para la aceptación del encargo se debe evaluar que el auditor posea los conocimientos y capacidades necesarios para realizar el trabajo en el plazo acordado y una importante evaluación acerca de la independencia del auditor respecto a la empresa cliente (regulado en el artículo 12 y siguientes del TRLAC).

Una vez aceptada la carta de encargo solo se podrá renunciar al trabajo si media “justa causa” y si se producen alguno de estos dos supuestos según la normativa de referencia:

  • Existencia de amenazas que comprometan la independencia u objetividad del auditor de acuerdo a los artículos 12 y siguientes del TRLAC
  • Imposibilidad de realización del trabajo por circunstancias no imputables al auditor.

La realidad nos muestra que en la práctica es muy difícil poder renunciar a un encargo aceptado y por ello es muy importante el trabajo de evaluación del cliente previo a la aceptación del encargo.

La estructura y contenido de una carta de encargo se resume en:

  • Definición del alcance de la auditoría.
  • Resultado del encargo de auditoría.
  • Dirigida al representante de la dirección o responsables del gobierno de la entidad.
  • Riesgo inevitable de que existan incorrecciones materiales.
  • Detalles relativos a la planificación y composición del equipo de trabajo.
  • Manifestar que la dirección proporcionará manifestaciones escritas.
  • Acuerdo de aportar información al auditor tanto de hechos pasados como de hechos que ocurran hasta la fecha del informe y de la publicación de los estados financieros.

Algunos modelos de carta de encargo pueden ser consultados aquí.

En caso de modificarse las condiciones bajo las cuales se realizará la auditoria en ejercicios sucesivos, se deberá redactar otra carta de encargo. La modificación de condiciones debe resultar justificadas.

La aceptación dependerá de la negociación entre partes (siempre que se cumpla con la normativa legal que asegure la independencia del auditor) y dependerá de la firma auditora, en último término, aceptar realizar la auditoría (sobre todo en caso de auditorías obligatorias).

Actualmente la coyuntura económica ha mermado el mercado de las firmas de auditoría. Una importante fuente de su actividad venia ligada con las empresas constructoras que cumplían con facilidad, dada la naturaleza de su negocio, las condiciones para la obligatoriedad de auditoría. La profesión se encuentra, pues, en una situación de fuerte competencia que lleva a una disminución de sus márgenes.

Además, en los ultimos años el sector ha visto como las grandes firmas de auditoría han entrado a atender los nichos de los que se nutrian las pequeñas auditoras (pymes) lo que ha redundado en una fuerte competencia en precios.

En el caso de la auditoría, el tema tiene dos vertientes. Por un lado se debe asegurar la independencia del auditor y la buena realización de su trabajo y, por otro, tenemos un ambiente en el que los precios caen debido a la competencia lo que puede resultar en una amenaza a la independencia del auditor.

No hay que olvidar que es un sector regulado por el estado y que, en cierta manera se establece un monopolio asimilable al negocio de las farmacias en el que el aumento de las licencias ha hecho menguar los márgenes de ganancias.

La realidad anteriormente expuesta conlleva a que, en aras de seguir con su funcionamiento, las firmas tengan un filtro menos exigente con respecto a la aceptación del encargo.

En este punto quiero realizar una reflexión: Existen muchos sectores en los que la competencia merma sus márgenes. En muchos casos, en dichos sectores se ha establecido una estrategia de diferenciación para, de alguna forma, evitar la competencia o, al menos, marchar hechos o servicios claramente diferenciadores. Del aumento de la competencia y la reducción de márgenes se deriva una consecuencia lógica, se reducirán, a futuro, el número de auditores que ya no son atraídos por los beneficios del sector. El sector, en competencia como cualquier otro solo tendrá que enfrentarse a un ambiente nuevo para él.

El problema de la regulación estatal de la profesión radica en que establece unos mínimos de calidad y no tiene la suficiente capacidad como para valorarla completamente. Por un lado encontramos un problema de asimetrías en la información y, por otro, de volumen. Sin embargo esta regulación implica que el organismo central asegura la calidad de todas las auditorías haciendo más difícil la creación de valor para el cliente (tomado el cliente no como la empresa a auditar sino como el usuario de la información financiera) ya que los estándares anunciados son, de por sí, altos.

La desregulación daría lugar a problemas para las auditorías que, siendo obligatorias, no son requeridas por los usuarios de la información (empresas familiares por tamaño más allá del acceso a la financiación) pero las ventajas a largo plazo son claras. El buen desempeño en la realización del trabajo conllevaría a un reconocimiento por parte de los usuarios de la información y la exigencia, por estos, de la realización de la auditoría con la firma de su confianza. Habría un trato estrecho entre usuarios de la información y firmas de auditoría relegando a un segundo plano, la relación con la empresa auditada. Podemos hablar de casos en los que con una regulación más estrecha no se hubieran dado escándalos como el de Gowex, en España o Enron, en Estados Unidos que, además, supuso el cierre de la firma auditora internacional Arthur&Andersen, pero hablaríamos de más casos de cómo, sin regulación, los estándares de calidad han ido en aumento fruto de la competencia directa no sostenida por una ley de mínimos controlada por un organismo centralizado (y no nos olvidemos de la imposibilidad de revisión y calificación del total del trabajo realizado y la problemática de la relación auditor y empresa).

Otro problema radica, dicen, en asegurar la independencia del auditor (que no creo que sea un punto basado en honorarios). En este punto creo que está la clave acerca de la posibilidad de diferenciación.

La profesión de auditor se trata como de interés público. Lo es, independientemente del Estado, porque verifica que la información aportada por la empresa a entidad que tratan con la misma es veraz. Una firma podría seguir la senda del trabajo excelso en aras de obtener el rédito suficiente para hacer que su contratación, aun a mayor coste para la empresa, sea deseable ya sea por cultura empresarial o por el interés de terceros como entidades de financiación.